El inexcusable revés de Colombia en materia climática se llama Drumond

Por: Isabel Cavelier Adarve y Lina Puerto

4 de febrero de 2019

Publicado en El Espectador

La reciente de decisión de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de prorrogar por 20 años el contrato de concesión minera de La Loma otorgado a la multinacional Drummond sorprende desde todo punto de vista. Sumado a los impactos sociales, ambientales y a la salud humana de la minería de carbón: ¿Por qué un revés en materia climática de esta magnitud? Es hora de que Colombia planee un futuro sin carbón.

Usualmente cuando hablamos de cambio climático en Colombia lo asociamos a nuestra vulnerabilidad y al acelerado aumento de la deforestación que tan sólo en 2017 llegó a la cifra de 220.000 hectáreas de bosque deforestadas, un aumento del 23% con respecto a 2016. Pero para completar este panorama es necesario reconocer que Colombia también juega un papel fundamental en la geopolítica del cambio climático al ubicarse dentro de los 10 países con las mayores reservas de carbón y al ser el cuarto exportador de carbón a nivel mundial.

El carbón es de los combustibles fósiles que más contribuyen a las emisiones de GEI y de otros contaminantes de gran impacto para la calidad del aire y afectaciones a la salud humana. La quema de carbón, aparte de ser responsable de cerca de 45% de las emisiones de GEI a nivel global, es atribuible a más de 800.000 muertes prematuras al año. Si tomamos en serio las advertencias de la comunidad científica por lo menos 80% de las reservas globales de carbón se deben permanecer bajo tierra si queremos evitar un aumento de la temperatura por encima de niveles peligrosos.

Además nos queda poco tiempo para tomar acciones contundentes para evitar una debacle planetaria. Recientemente, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió en un reporte especial que las reducciones de emisiones de GEI deben ocurrir de manera acelerada antes de 2030 si el mundo quiere evitar el calentamiento global de más de 1.5 grados centígrados. En este contexto, la era del carbón debe llegar a su fin. La urgencia de escalar las medidas mitigación de emisiones en el sector de la minería de carbón es crucial.

No existe una justificación suficiente para esta decisión, pero una explicación puede asociarse a que estemos en presencia de un escenario de “carrera hacia abajo”. De ser así, la multinacional estaría aprovechando el marco regulatorio colombiano actual para retener las ganancias económicas de la minería de carbón dadas las proyecciones de la demanda global de carbón a la baja.  Incluso los mayores importadores de carbón colombiano ya se han comprometido a eliminar progresivamente el carbón de su capacidad de generación eléctrica y reemplazarla mediante recursos renovables entre 2030 y 2050. Una señal contundente a un país que exporta más del 90% de su producción de carbón y cuyas ganancias representaron 1.64% de su PIB en 2016.

Pero 20 años más de extracción de carbón en Colombia representa un revés desafortunado para Colombia y el mundo. Colombia ya figura entre los 50 mayores emisores de GEI, sin embargo la contabilidad de las emisiones en este ránking se basa en el consumo. Es decir que únicamente contabiliza las emisiones de consumo final doméstico y producto de las importaciones, excluyendo así las exportaciones. Una contabilidad de emisiones basada en la producción reflejaría con mayor contundencia el papel que juega Colombia en el escenario global de cambio climático y la responsabilidad planetaria que eso conlleva.

Sería exagerado pensar que vamos dejar de extraer y consumir carbón de un día para otro. Es por esto que para pensar en un futuro sin carbón necesitamos hablar de procesos de planificación a largo plazo que contemplen una transición justa e inclusiva para evitar mayores disrupciones e impactos socio-económicos. Colombia ya cuenta con instrumentos económicos para hacerlo pero estos requieren ajustes para impulsar cambios significativos y enviar la señal de mercado inequívoca hacia la descarbonización de la economía. El impuesto al carbono es una de las medidas que el país ha adoptado para desestimular el consumo de combustibles fósiles, incentivar la implementación de tecnologías energéticas eficientes y reducir emisiones de GEI.

Sin embargo, actualmente el impuesto al carbono excluye el carbón de los combustibles fósiles gravados, tanto para consumo interno, como para exportación. El gobierno actual perdió una oportunidad crítica en la Ley de Financiamiento al no contemplar la ampliación de la base gravable del impuesto al carbono. Incluir el consumo interno y la exportación de carbón en el impuesto al carbono incrementaría el potencial de recaudo del impuesto que podría destinarse a financiar una transición justa y programada para las comunidades que dependen de la minería de carbón como sustento económico.

Decisiones como la de la ANM condenan al mundo a 20 años más de carbón, lo equivalente a 157 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera aproximadamente. Son decisiones obtusas que ignoran advertencias basadas en evidencia científica y que desconocen la responsabilidad planetaria que Colombia tiene frente al cambio climático. Representa un revés desafortunado en materia climática y para la humanidad que no podemos dejar pasar.

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *