Inversionistas institucionales: es hora de climatizar las inversiones

Por: Isabel Cavelier*

10 de julio de 2019

Publicada en El Espectador

Inversionistas institucionales: es hora de climatizar las inversiones

La semana pasada el proveedor de índices británico FTSE Russel tomó la decisión de re-nombrar todo el grupo de industrias del petróleo y gas como energías “no-renovables”, diferenciándolas de alternativas de inversión sostenibles. El cambio fue motivo de gran revuelo en las bolsas internacionales pues los índices informan las decisiones de diversos actores: es evidente que el sistema financiero está respondiendo al estado de emergencia climática que varios gobiernos han declarado en respuesta a los llamados de la ciencia y la ciudadanía.

Mientras tanto en Colombia aun enfrentamos una serie de obstáculos que impiden que el sector financiero se ponga a tono con el movimiento internacional en la materia. La Iniciativa de Divulgación de Activos Climáticos de Colombia (CCADI, por sus siglas en inglés), financiada por la cooperación oficial del Reino Unido -donde se han dado los avances más significativos en este tema- identificó las barreras más prominentes para inversionistas institucionales, en particular fondos de pensión y aseguradoras. Vale la pena resaltar algunas de ellas:

2. Quienes son responsables de tomar decisiones de inversión desconocen el valor agregado que tiene integrar el componente ambiental en su estrategia de negocio. Además, muchos no consideran que integrar consideraciones de cambio climático sea relevante para el cumplimiento de su deber fiduciario. Pero lo es. En buena medida de eso depende, y cada vez más, la sostenibilidad de las inversiones en un mediano y largo plazo.

3. No existe aun un criterio homogéneo para identificar las actividades e inversiones que aportan a la mitigación y adaptación al cambio climático. Es necesario desarrollar una taxonomía unificada de actividades climáticamente responsables que facilite la tarea de asignar los recursos financieros en las que sean acordes con la carbono neutralidad. Como mínimo el sector financiero debería estar desviando, y rápido, sus inversiones de las industrias del petróleo, el gas o el carbón.

4. Los esquemas de rentabilidad mínima atada al desempeño promedio de los fondos de pensión induce al comportamiento de “manada”: los administradores tienden a mantener en sus portafolios una estructura similar al portafolio de referencia de la Superintendencia Financiera, para disminuir la posibilidad de desviaciones respecto a la rentabilidad mínima. No hay incentivos para la diversificación.

5. El mercado en Colombia es pequeño y tiene una estructura de inversiones concentrada en bonos del tesoro y pocos grandes emisores, en particular el sector de hidrocarburos. Esto limita la voluntad de aumentar la exposición a inversiones menos tradicionales pero climáticamente inteligentes, por temor a limitar el universo de inversiones actual al excluir el sector de hidrocarburos que es el que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero.

6. No hay incentivos para que el regulador ni los inversionistas institucionales desinviertan en el sector minero-energético, que domina el mercado de valores en el país y la estrategia productiva nacional.

7. Hay poco interés por parte de los inversionistas en innovar sus portafolios y productos. Se amparan en el argumento de que los clientes sólo buscan mejorar su rentabilidad y no demandan productos financieros climáticamente responsables. Pero lo cierto es que los clientes, nosotros los ahorradores, no tenemos opción de elegir en qué se invierten los recursos ni recibimos sistemáticamente la información necesaria para hacerlo.

8. En consecuencia, hay pocas señales regulatorias para incorporar el cambio climático en las decisiones de inversión. Los estándares internacionales aun no figuran como parte de los requisitos legales para entidades financieras o corporaciones listadas en la bolsa. Las recomendaciones del “Task Force on Climate-related Risk Disclosures” es el estándar internacional más importante en la materia.

Es evidente que muchas de estas barreras tienen solución inmediata. El sector tiene la inminente tarea de aumentar su conocimiento en materia de cambio climático y los riesgos financieros que supone para los portafolios. También es necesario que avancemos en materia regulatoria.

No hay tiempo – ni dinero – que perder, por lo que es necesario que nos pongamos todos manos a la obra. La Superintendencia Financiera ha hecho algunos avances en la materia, y la creación del “task force” de inversión responsable en Colombia es esperanzador. Es momento de acelerar este trabajo y hacer que el sector financiero cumpla el papel que le corresponde: el de impulsar la transición hacia una economía carbono-neutral y resiliente al cambio climático. Es lo que tiene sentido frente al deber fiduciario que tienen inversionistas institucionales como los fondos de pensión frente a nosotros, los ciudadanos cuyos ahorros administran.

*Transforma.

20 años más de concesión de carbón en Cesar

Por: Isabel Cavelier Adarve y Lina Puerto

6 de febrero de 2019

Publicado en El Tiempo

La decisión del Gobierno de extender la concesión a la Drummond es “cortoplacista y equivocada”.

Veinte años más de extracción de carbón por la Drummond en el Cesar es la decisión inaudita del Gobierno, que condena a nuestros hijos a vivir un futuro de enfermedad y caos, a cambio de 200 becas universitarias. ¿Eso es lo que queremos para Colombia?
El pasado 24 de enero, los medios de comunicación anunciaron la extensión, que viene acompañada de una inversión social de cerca 10 millones de dólares por una sola vez y un millón de dólares anuales para las comunidades aledañas. La noticia parece alentadora cuando además se suman los 5.200 empleos directos que la empresa ofrece a la población de la región, y más de 550 millones de dólares en regalías.

Sin embargo, el panorama es desolador. Si los 60 millones de toneladas de carbón que planean extraer de La Loma se vendieran al precio de hoy (98 dólares por tonelada), su valor total sería de cerca de 6.000 millones de dólares (es un cálculo cuya precisión definitiva dependerá del valor del carbón en el futuro). Comparemos por un momento: 6.000 millones de dólares contra 30 millones para las comunidades. Esto equivale a invertir el 0,5 por ciento del ingreso, en “gasto social”. Gasto social que, sin embargo, jamás pagará las vidas perdidas de todas las personas que verán su salud respiratoria comprometida por la constante exposición al carbón, y todas las demás que enfrentarán los inclementes impactos del cambio climático acelerado por la quema del combustible fósil más contaminante que existe.

Sin embargo, ni siquiera invertir la totalidad del ingreso de la venta de carbón en el desarrollo “sostenible” de la comunidad tendría sentido. Quemar carbón produce daños irreparables para Colombia y el mundo, que no se pueden compensar a punta de dólares. Los billetes no se comen. Quemar 60 millones de toneladas de carbón, en Colombia o en cualquier país que le compre ese carbón a Colombia, es equivalente a emitir 157 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera aproximadamente. Pongamos la cifra en perspectiva: en el 2014 Colombia emitió un total de 180 millones de toneladas de CO2.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, 7 millones de personas mueren por contaminación del aire, lo que es equivalente a tres veces el número de personas que fallecen por sida, tuberculosis y malaria, combinadas. La ciencia es clara: quemar combustibles fósiles, y en particular carbón, es la principal amenaza para la salud de los niños en el mundo. Las partículas tóxicas del carbón se acumulan en la placenta de las madres embarazadas a través de su tracto respiratorio, comprometiendo la salud de los niños incluso antes de nacer. Prolongar la extracción y quema de carbón es simplemente inaudito.

Es urgente programar una transición justa, ordenada y verdaderamente sostenible para las comunidades del Cesar que dependen de la minería de carbón para su actividad económica. Esa transición no pasa por sacar y quemar más y más carbón, sino por iniciar desde ya el cambio de actividad productiva. 200 becas no van a lograr ese cambio. Se requiere de la decisión clara e intencionada de dejar a un lado la extracción de carbón, para darle paso al emprendimiento productivo sostenible y regenerativo.

El carbón es lo contrario. Es un desarrollo destructivo y nocivo para la salud. Los pañitos de dólares tibios son insignificantes a la luz del daño irreversible y permanente que genera la quema de carbón. La decisión de extender la concesión a la Drummond es obtusa, cortoplacista y equivocada. Ojalá que este gobierno tenga que pasar por la vergüenza pública de revertirla.

ISABEL CAVELIER ADARVE
*Directora de Visión de Transforma
LINA PUERTO
** Asociada de Transforma

 

El inexcusable revés de Colombia en materia climática se llama Drumond

Por: Isabel Cavelier Adarve y Lina Puerto

4 de febrero de 2019

Publicado en El Espectador

La reciente de decisión de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de prorrogar por 20 años el contrato de concesión minera de La Loma otorgado a la multinacional Drummond sorprende desde todo punto de vista. Sumado a los impactos sociales, ambientales y a la salud humana de la minería de carbón: ¿Por qué un revés en materia climática de esta magnitud? Es hora de que Colombia planee un futuro sin carbón.

Usualmente cuando hablamos de cambio climático en Colombia lo asociamos a nuestra vulnerabilidad y al acelerado aumento de la deforestación que tan sólo en 2017 llegó a la cifra de 220.000 hectáreas de bosque deforestadas, un aumento del 23% con respecto a 2016. Pero para completar este panorama es necesario reconocer que Colombia también juega un papel fundamental en la geopolítica del cambio climático al ubicarse dentro de los 10 países con las mayores reservas de carbón y al ser el cuarto exportador de carbón a nivel mundial.

El carbón es de los combustibles fósiles que más contribuyen a las emisiones de GEI y de otros contaminantes de gran impacto para la calidad del aire y afectaciones a la salud humana. La quema de carbón, aparte de ser responsable de cerca de 45% de las emisiones de GEI a nivel global, es atribuible a más de 800.000 muertes prematuras al año. Si tomamos en serio las advertencias de la comunidad científica por lo menos 80% de las reservas globales de carbón se deben permanecer bajo tierra si queremos evitar un aumento de la temperatura por encima de niveles peligrosos.

Además nos queda poco tiempo para tomar acciones contundentes para evitar una debacle planetaria. Recientemente, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió en un reporte especial que las reducciones de emisiones de GEI deben ocurrir de manera acelerada antes de 2030 si el mundo quiere evitar el calentamiento global de más de 1.5 grados centígrados. En este contexto, la era del carbón debe llegar a su fin. La urgencia de escalar las medidas mitigación de emisiones en el sector de la minería de carbón es crucial.

No existe una justificación suficiente para esta decisión, pero una explicación puede asociarse a que estemos en presencia de un escenario de “carrera hacia abajo”. De ser así, la multinacional estaría aprovechando el marco regulatorio colombiano actual para retener las ganancias económicas de la minería de carbón dadas las proyecciones de la demanda global de carbón a la baja.  Incluso los mayores importadores de carbón colombiano ya se han comprometido a eliminar progresivamente el carbón de su capacidad de generación eléctrica y reemplazarla mediante recursos renovables entre 2030 y 2050. Una señal contundente a un país que exporta más del 90% de su producción de carbón y cuyas ganancias representaron 1.64% de su PIB en 2016.

Pero 20 años más de extracción de carbón en Colombia representa un revés desafortunado para Colombia y el mundo. Colombia ya figura entre los 50 mayores emisores de GEI, sin embargo la contabilidad de las emisiones en este ránking se basa en el consumo. Es decir que únicamente contabiliza las emisiones de consumo final doméstico y producto de las importaciones, excluyendo así las exportaciones. Una contabilidad de emisiones basada en la producción reflejaría con mayor contundencia el papel que juega Colombia en el escenario global de cambio climático y la responsabilidad planetaria que eso conlleva.

Sería exagerado pensar que vamos dejar de extraer y consumir carbón de un día para otro. Es por esto que para pensar en un futuro sin carbón necesitamos hablar de procesos de planificación a largo plazo que contemplen una transición justa e inclusiva para evitar mayores disrupciones e impactos socio-económicos. Colombia ya cuenta con instrumentos económicos para hacerlo pero estos requieren ajustes para impulsar cambios significativos y enviar la señal de mercado inequívoca hacia la descarbonización de la economía. El impuesto al carbono es una de las medidas que el país ha adoptado para desestimular el consumo de combustibles fósiles, incentivar la implementación de tecnologías energéticas eficientes y reducir emisiones de GEI.

Sin embargo, actualmente el impuesto al carbono excluye el carbón de los combustibles fósiles gravados, tanto para consumo interno, como para exportación. El gobierno actual perdió una oportunidad crítica en la Ley de Financiamiento al no contemplar la ampliación de la base gravable del impuesto al carbono. Incluir el consumo interno y la exportación de carbón en el impuesto al carbono incrementaría el potencial de recaudo del impuesto que podría destinarse a financiar una transición justa y programada para las comunidades que dependen de la minería de carbón como sustento económico.

Decisiones como la de la ANM condenan al mundo a 20 años más de carbón, lo equivalente a 157 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera aproximadamente. Son decisiones obtusas que ignoran advertencias basadas en evidencia científica y que desconocen la responsabilidad planetaria que Colombia tiene frente al cambio climático. Representa un revés desafortunado en materia climática y para la humanidad que no podemos dejar pasar.

La Macarena ¿Y si le ponemos un poquito de atención a su deforestación?

Por: Martín Ramírez y María Camila Orozco

22 de enero de 2019

(publicado en Semana Sostenible)

En el primer trimestre de 2018, la tasa de deforestación en la zona de la Macarena, especialmente en el Parque Nacional Natural Tinigua, aumentó 830%. ¿Dónde estaba el gobierno, dónde estábamos todos los colombianos?

La tragedia por la que está pasando la zona de la Macarena no merece la indiferencia con la que la estamos tratando. El Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM), conformada por los Parques Nacionales Naturales Sumapaz, Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena y Tinigua, ha sido víctima durante este año de uno de los aumentos de deforestación más ‘bruscos’ que se hayan registrado en Colombia y posiblemente en el mundo. Aparentemente, hemos decidido estar ciegos y sordos ante esta situación, y no somos los únicos. El Estado por su parte está mudo, y lo que se sabe de él es que parece estar abstraído en una serie de ideas contradictorias que involucran esta zona.

Durante los meses de enero a marzo de 2018 las tasas de deforestación aumentaron en un 830% en la zona de la Macarena y particularmente en el PNN Tinigua. Sí, 830%. Cifra bastante exorbitante. Las causas de la tala y quema conocidas por años son, principalmente la explotación agropecuaria y el comercio ilegal de la madera. En este nuevo escenario de posconflicto se ha sumado la mafia de acaparamiento ilegal de tierras, la cual consiste en la deforestación completa y masiva de un gran número de hectáreas y su posterior venta a un precio mucho mayor.

Es pertinente, entonces, preguntarnos si lograremos detener esta problemática a tiempo, antes de que los daños sean irreparables e irreversibles. Es debido que este cuestionamiento se plantee en la mente de los colombianos dado que el estado en el que se encuentran estos cuatro parques nos compete a todos. Son estos parques los que conectan la Cordillera Andina oriental con la parte baja del Amazonas, y a su vez permite el movimiento de materia y energía: desde el movimiento de animales como, nuestro icónico jaguar, a lo largo del territorio nacional, hasta el flujo del agua en la macrocuenca del Orinoco, uno de los afluentes más importantes de América del Sur, dependen de esta zona. ¿Por qué no habría de importarnos?

La situación actual es la siguiente: contamos con una problemática de grandes talas que avanza rápidamente y un planteamiento de soluciones bastante lento. Para detener la deforestación masiva en la Macarena, de forma efectiva, debemos reconocer las fichas claves en esta solución: Parques Nacionales Naturales, los campesinos habitantes de la zona y el Estado como tal. Respecto a los primeros, se encuentra en una situación de impotencia e incapacidad para actuar solos.Funcionarios de la entidad han recibido algunas amenazas por parte de los llamados “ausentistas”. Se especula que la financiación de la deforestación proviene de ellos, y es su apoyo lo que ha permitido la entrada de nuevos colonos a la zona tras el Acuerdo de paz con las Farc-EP. La vulnerabilidad de las autoridades ambientales por dichas amenazas, junto a la extensión del territorio, la dificultad de control y de vigilancia llevaron al punto de que es indispensable contar con el respaldo de la fuerza pública, solicitud realizada por Parques Naturales en marzo del año pasado.

Ahora bien, los campesinos habitantes de la zona, a quienes se les responsabilizaba en un inicio de la tala y quema masiva, han expresado su interés en realizar un pacto de justicia ambiental, en el cual se definan las responsabilidades y limitaciones de la ganadería, así como un plan efectivo de protección al bosque. La iniciativa fue redactada y están adscritas veinte organizaciones indígenas, campesinas, ambientales, comunales y alcaldías. Así mismo, en el texto manifiestan su incomodidad y molestia por la forma de proceder de la Fiscalía en octubre de 2018. En la Cordillera de los Picachos se realizó un operativo sin previo diálogo, según denunciaron habitantes de la comunidad, con el apoyo de Policía Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Sociedad de Activos Especiales y Parques Nacionales Naturales.

Se llevaron a cabo capturas y decomisos que fomentaron a protestas por parte de la comunidad campesina. El argumento que esta comunidad plantea es que no cuentan con los recursos para la deforestación masiva y que las capturas que se deben realizar es a los verdaderos financiadores de esta tragedia. También expresan que el mayor miedo de los habitantes de la zona es que las acciones tomadas frente a las organizaciones criminales causen una revictimización de su comunidad. En pro de que se conociera la propuesta planteada, los campesinos hicieron un llamado a diferentes entidades estatales para reunirse. Sin embargo, el Estado (representado por el Ministerio) brilló por su ausencia y los presentes fueron 600 campesinos, Parques Nacionales, Cormacarena, las alcaldías pertinentes y el Ejército.

El gobierno cuenta con ideas contradictorias respecto a lo que se debe realizar en esta zona. Por un lado, quieren fomentar proyectos para desarrollo de infraestructura y evaluar la posibilidad de un modelo de matriz energética basada en hidrocarburos y biocombustibles; y por el otro, se crean bloques de búsqueda para encontrar los responsables de la deforestación masiva. Se pide la protección ecosistemas estratégicos y al mismo tiempo se brinda apoyos económicos y financieros para el establecimiento de actividades agropecuarias, sin condiciones de productividad o mantenimiento de zonas naturales. El Estado está abstraído en sus contradicciones.

Existe una falta de coordinación evidente entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía y su unidad de delitos ambientales. También se ha mencionado que las fuerzas armadas no cuentan con un claro proceder a la hora de detectar eventos de deforestación. Las comunidades campesinas han dejado claro que de ser necesario viajarán a Bogotá lo más pronto posible para que su propuesta sea escuchada. El silencio del Estado es desconcertante y un atropello para una iniciativa como esta.

Tal vez, la ficha que le falta a ese rompecabezas de lucha contra la deforestación somos nosotros. Nosotros los que no vivimos en ese territorio pero a quienes también nos compete todo este problema, y tenemos la responsabilidad de respaldar e impulsar un proceso que conlleve a una solución. Al fin y al cabo, debemos y podemos exigir y presionar para que podamos conservar produciendo y producir conservando como país. De no detener la deforestación, aquellos servicios ecosistémicos de los que dependen comunidades locales y de forma indirecta todo el país, pronto tendrán tales niveles de afectación que llevará a impactos no solo ambientales sino sociales y económicos. En la Macarena se está gestando un problema de Desarrollo no Sostenible que le competen al Estado, a los campesinos, pero, también a todos los colombianos. El problema de producir sin conservar.

** Martín Ramírez Mejía: Director de proyectos Transforma. Máster en Gerencia Ambiental. Duke University / María Camila Orozco C.: Bióloga y microbióloga. Universidad de los Andes. 

Ley de financiamiento, una oportunidad para decirle adiós al plástico

Por: Transforma , WWF-Colombia, OpEPA, Greenpeace.

19 de diciembre, 2018

(publicado en: El Tiempo)

Organizaciones llaman la atención sobre la necesidad de reemplazarlo. Se cobrará $50 por botella. 

Se discute en el Congreso de la República si debe incluirse en la ley de financiamiento un impuesto a las botellas plásticas de 50 pesos por cada una. Con el apoyo del Ministerio de Hacienda y de varios congresistas, esta es una excelente oportunidad para avanzar en la urgencia de reemplazar cuanto antes el uso del plástico de un solo uso por materiales no contaminantes y nocivos para la salud.

Los plásticos de un sólo uso, como suelen ser las botellas plásticas, deben desaparecer por varios motivos. Por un lado, son nocivos para la salud, con algunas excepciones como los de uso hospitalario. Los resultados científicos más recientes han encontrado microplásticos en 114 especies acuáticas, de las que más de la mitad de ellas son habituales en nuestra dieta. A pesar de que investigadores afirman que se debe estudiar con más detalle los efectos nocivos en humanos, se estima que más del 50 % ya tienen plásticos en su sistema digestivo.

Por otro lado, el plástico tiene efectos negativos innegables sobre nuestros ecosistemas y las demás especies que los habitan. Las ocho toneladas de plástico que ingresan anualmente al océano, son ingeridas por nueve de diez aves marinas, una de cada tres tortugas marinas y más de la mitad de las especies de ballenas y delfines.

Si no tomamos medidas inmediatas esto podría ser peor, hasta el punto de ser irreversible. Los cálculos para 2050 son alarmantes: podríamos llegar a 12 mil millones de toneladas de desechos plásticos en entornos naturales; se cuadruplicarían los que ingresan al océano; el 99 % de todas las especies de las aves marinas tendrían plástico en su tracto digestivo, y tendríamos más plástico que peces. 

Adicionalmente, la producción de plástico tiene una relación directa con el cambio climático. Más del 90 % de los plásticos producidos provienen de combustibles fósiles. Según el Foro Económico Mundial, si el crecimiento actual del uso de plásticos continúa como se espera, el sector representará el 20 % del consumo total de petróleo y el 15 % del presupuesto anual mundial de carbono para 2050. Esto sin duda nos evitará cumplir con las metas climáticas planteadas en el Acuerdo de París cuya Conferencia de las Partes (COP) termina esta semana en Polonia, y en la que se ha resaltado la urgencia de acelerar la acción si queremos limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC , el límite aconsejado hoy en día por la ciencia si queremos evitar daños sociales, económicos, ambientales irreversibles. No se están internalizando los costos: se vende muy barato algo que nos resulta muy caro.

Esto no es todo. Los plásticos de un sólo uso tienen una vida útil muy corta, y un periodo de descomposición muy largo: se estima que usamos una botella plástica por 15 minutos, que luego tarda descomponerse cerca de 500 años. Aunque es mucho mejor reciclar, tampoco es la solución perfecta. Es casi imposible reciclar el 100 % del material, y tras 40 años de avances tecnológicos, solo se recicla el 14 % del plástico que consumimos en el mundo.

Colombia no es ajena a esta situación. El plástico es uno de los materiales menos reciclados en el país, con una tasa de aprovechamiento de 7 %, por debajo del papel y el cartón (53 %), los metales (25 %), y el vidrio (13 %). En el caso de Bogotá, se generan unas 7.500 toneladas al día y se reciclan tan solo entre el 14 % y el 15 %. De acuerdo con ONU Ambiente, en Colombia entre el 60 y el 90 % de los residuos que llegan a los ecosistemas marinos y costeros del Caribe y el Pacífico, son plásticos. 

Nos encontramos en una crisis global y nacional provocada por el plástico. Es urgente tomar medidas que mejoren las prácticas de manejo de residuos e incentiven a la población a reducir su uso y a maximizar su reciclaje si no queremos que empeore. Así mismo trabajar por un sistema de precios que refleje la las externalidades causadas por este material. Incluir un impuesto a las botellas plásticas en Colombia es una primera y necesaria medida para lograr este objetivo. Invitamos que el Congreso lo apruebe sin demora y así podamos comenzar las transiciones necesarias para salvaguardar la salud y la integridad de los ecosistemas.

Transforma , WWF-Colombia, OpEPA, Greenpeace.

 

¡Bienvenidos a la página web de Transforma!

Por: Jimena Nieto

Presidente Consejo Directivo de Transforma

18 de octubre, 2018

Hace poco menos de dos años, y como una manifestación de la voluntad de Isabel, Andrea y Maria Laura de aportar positivamente al mundo en que vivimos, nace Transforma. En poco tiempo esta organización ha crecido, y su naturaleza se ha venido afinando a través de sus proyectos, de sus actividades y de sus clientes. Hoy es una organización que construye oportunidades, capitaliza relaciones y ejecuta con eficacia. Sus fundadoras han creado una entidad que posibilita espacios de colaboración, espacios en los que Transforma ha probado no solamente ser un buen líder sino también destacarse como un excelente compañero de equipo, cuando ese ha sido su rol. También se ha ganado el reconocimiento de los grupos de interés quienes la identifican como un aliado para la búsqueda del desarrollo sostenible. No es casualidad que Transforma sea una entidad que trabaja desde un país como Colombia, que se precia de sus riquezas ambientales y de su diversidad cultural y social. Al mismo tiempo, Colombia es un país con múltiples retos, con problemáticas ambientales serias, un país en desarrollo con un potencial enorme y oportunidades claras de lograr un desarrollo que respete el patrimonio natural de las futuras generaciones. En este sentido Transforma es una entidad local con sueños y lecciones para un escenario global. Hoy celebramos el lanzamiento de la página web que esperamos sea a la vez, una vitrina de los logros alcanzados y un espacio en blanco para llenar con los planes y proyectos que se abordarán en el futuro y que, seguramente implementarán las transformaciones y los cambios sistémicos que motivaron la creación de Transforma.

La página es además el primer espacio de participación virtual para que los visitantes puedan conocer lo que hace la organización, que puedan aprender de Transforma y con Transforma, y que además provea un espacio de diálogo en el que se unan esfuerzos para lo que todos queremos: un mundo viable. Como Presidenta del Consejo Directivo quiero felicitar hoy a sus fundadoras, a sus miembros y colaboradores. Constatar los impactos positivos en la preservación del medio ambiente, el bienestar económico y la riqueza social que ha logrado Transforma en su corta vida, me motiva para afirmar que esta página que hoy se lanza, será el hogar de logros significativos y transformaciones fundamentales, para Colombia y para el mundo.

Impuesto al CO2: ¿desarrollo o plata de bolsillo?

 Por: Isabel Cavelier

20 de febrero, 2018

(Publicado en: Semana Sostenible)

 

 La destinación específica de los recursos que esperamos recaudar no necesita atizar discusiones vanas sobre qué porcentaje pasará a ser el dinero de bolsillo de un estado que se aprieta el cinturón y cuál financiará al empobrecido sector ambiental. Puede ser la oportunidad para que pensemos en construir la paz con sostenibilidad.

En los últimos meses el Ministro de Hacienda ha enfatizado varias veces los avances positivos que ha hecho Colombia en materia fiscal para hacerle frente al cambio climático. El impuesto al carbono ha generado mucha expectativa, tanto por su esperada capacidad de recaudo para las flacas arcas nacionales, como por su potencial para contribuir a la disminución de las emisiones nocivas de gases asociadas al uso de combustibles fósiles.

 

Es, sin duda, un avance prometedor. Según el propio Ministerio de Hacienda, el país espera generar cerca de $686,000 millones anuales, de los cuales ya ha recaudado el 50%. Pongamos esta cifra en contexto: en 2016 todo el sector público nacional ambiental ejecutó alrededor de $663,000 millones de pesos en compromisos.

 

Hay mucha tela que cortar en torno al diseño de este tributo. La tarifa es particularmente baja, excluye al gas licuado y al carbón, genera oportunidades pero también cargas significativas para la autoridad ambiental, entre otras. Me quiero centrar sin embargo, en una característica que requiere especial atención: ¿a dónde van a parar estos recursos que esperamos recaudar todos los colombianos?

 

Sabemos que en Colombia y en América Latina la demanda de combustibles es inelástica: un aumento en los precios no se traduce en una reducción en la demanda. No podemos esperar que el mínimo aumento en el precio de los combustibles altere la demanda de manera significativa, y por lo tanto, el potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la señal de precio es limitado. Sin embargo el propósito mismo del impuesto es corregir la externalidad negativa que significan estas emisiones. Es por este motivo que la destinación es fundamental: es a través de la inversión de los recursos recaudados que podemos lograr un impacto significativo.

 

La ley de Reforma Tributaria que creó el impuesto estableció también explícitamente que los recursos generados deben tener una destinación específica: por un lado define que deben ir al “Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y el Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto”, y por otro que deben destinarse, “entre otras, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.”

 

Genera un cierto alivio que el ministro Cárdenas reafirme explícitamente la destinación específica de estos recursos. No es un secreto que los Ministerios de Hacienda suelen temerle al “demonio” de la destinación específica, que nuestra Constitución prohíbe con excepciones importantes, en particular aquella relacionada a la inversión social.

 

Pero ahí no para la cosa. El “Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto” fue creado en 2015, modificado en 2016, y luego sustituido en 2017 por el “Fondo Colombia en Paz”. Mientras que el primero se creó para hacer inversión en proyectos de sostenibilidad ambiental y/o desarrollo rural en zonas con brechas de desarrollo en donde el Estado requiera incrementar su presencia, el segundo que lo sustituyó cambió ese propósito repentinamente. No incluye en su objeto ni un recuerdo lejano del propósito inicial. Su función – sin duda importante – es “ser el principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

 

Esta evolución tiene una consecuencia significativa respecto de la administración de los recursos recaudados: el FCP, constituido como patrimonio autónomo a cargo del DAPRE, no incluye en su gobernanza al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, institución responsable, de acuerdo con la ley de la Reforma Tributaria y el propósito de este impuesto, de dar los lineamientos para el uso de estos recursos.

 

La buena voluntad de la cartera de Hacienda es bienvenida, sin embargo, es insuficiente. El propósito del impuesto al carbono no debería desdibujarse por cuenta de los apuros económicos por los que pasa el Estado y la decisión de destinar el recaudo al FCP. El sector ambiental ha sido históricamente desprovisto de recursos que se compadezcan con la magnitud de su labor. Si bien la idea no es crear un nicho fiscal aislado para estos recursos que evitaría invertir en el desarrollo sostenible de manera integral, la voluntad del legislador, y la necesidad real de los colombianos sí es que esta oportunidad se traduzca en una mejor gestión ambiental y del cambio climático, de la mano de la construcción de la paz.

 

No habrá paz que sea duradera sin desarrollo sostenible integral. Es por eso que la autoridad ambiental debe tener un espacio significativo en la gobernanza del FCP, que actualmente no tiene. La destinación específica de los recursos que esperamos recaudar no necesita atizar discusiones vanas sobre qué porcentaje pasará a ser el dinero de bolsillo de un estado que se aprieta el cinturón y cuál financiará al empobrecido sector ambiental. Puede ser la oportunidad para que pensemos en construir la paz con sostenibilidad. Ojalá que el Señor Ministro del Ambiente y el Desarrollo Sostenible encuentre la oportunidad para levantar el teléfono y asegurar que la cartera haga parte activa y efectiva de la gobernanza del FCP.